Entre las novedades en materia de vivienda que presentan los partidos políticos de cara a unas nuevas elecciones en apenas seis meses, el PP propone avales públicos para que la banca pueda conceda el 100% de la hipoteca, mientras Ciudadanos propone préstamos sin intereses de hasta 15.000 euros para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de su primera vivienda.

De lo que se sabe hasta ahora de los programas políticos de los partidos que se presentan a las Elecciones Generales del 10 de noviembre, prácticamente todos repiten los puntos que presentaron hace apenas seis meses, aunque algunos prometen nuevas iniciativas si llegan a Moncloa.

El Partido Popular de Pablo Casado pretende mejorar el acceso a la vivienda en propiedad, antes las dificultades que tienen los jóvenes para poder tener dinero ahorrado y permitirse aportar, al menos, el 20% del valor del inmueble. Casado propone ofrecer avales públicos para que la banca llegue a conceder hasta el 100% del precio de la casa o su valor de tasación en la hipoteca.

Serían las administraciones públicas, tales como las instituciones financieras de las comunidades autónomas o el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO), las que darían su respaldo al comprador.

Esta iniciativa, que ya se lanzó en las pasadas elecciones autonómicas y  municipales, llega al ámbito nacional cuando el sector financiero se encuentra en pleno proceso de adaptación a la nueva Ley Hipotecaria, que está haciendo resentir el número de operaciones este año.

Ciudadanos, por su parte, propone ofrecer préstamos sin intereses de hasta 15.000 euros para ayudar a pagar la entrada de su primera vivienda a los jóvenes. Además, pretende bajar los impuestos sobre la vivienda y bonificar en el IRPF a aquellos particulares que alquiler sus viviendas por debajo del precio de mercado. Los de Albert Rivera, quieren reducir el peso del alquiler turístico y bajar la factura de la luz en los hogares son otros de sus retos.

Entre otras novedades relacionadas con la vivienda, Unidas Podemos se centra en la transición energética y plantea lo que se ha llamado ‘Ley de Tejados’ por la que se impulsará el autoconsumo energético en las comunidades de vecinos.

Ampliando el punto del programa ya presentado el pasado 28A, Podemos plantea la rehabilitación de medio millón de casas al año durante la primera mitad de legislatura y hasta un millón de viviendas anuales en la segunda mitad del Gobierno para hacerlas más eficientes.

La reforma consistiría en mejorar la envolvente de los edificios, además de puertas y ventanas, junto a la posibilidad de instalar paneles solares en los tejados. Esta rehabilitación tendría una financiación estatal de hasta el 50%.

"El conjunto de la inversión en transición energética y ecológica debería superar el 2 % del PIB anual durante la próxima legislatura", señaló a la Agencia EFE, Nacho Álvarez, responsable económico de Podemos, que confía a su vez en llegar a los 24.000 millones anuales de inversión en 2022.

El PSOE también adelantó hace unos días que prepara los pliegos legales para poner en marcha el Plan 20.000, la iniciativa presentada incluso antes de las pasadas elecciones para aumentar el parque público de viviendas en alquiler. Para ello, pretende contar con el apoyo del sector privado, por lo que cedería suelos públicos de las administraciones para que las empresas levantarán las viviendas y pudieran alquiler los pisos, siempre a precios asequibles, durante unos 50 años. Pasado ese tiempo, las viviendas pasarían a formar parte del parque estatal.

El nuevo partido de Ínigo Errejón también ha empezado a desgranar su programa político y económico con algunas pinceladas hacia la vivienda, como una mayor inversión pública en el sector, empezando en el 0,8% del gasto para acabar en el 2% para dirigirla hacia la vivienda pública en alquiler y el régimen de cooperativa. Se recargará hasta el 50% del IBI a aquellas viviendas vacías.

Además, Más País quiere fiscalizar a las socimis para que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles y regulados. Para controlar el mercado de arrendamiento, creará un Índice de precios público para regular los precios al estilo alemán, “con una declaración de zonas afectadas, limitado en el tiempo y en el territorio”.